Condenado a prisión en Paraguay un cura español que desvió fondos de la UE

Un tribunal paraguayo condenó el viernes a cinco años y seis meses de cárcel al sacerdote español José Antonio Rubio, por el desvío de fondos de un programa de ayuda social financiado por la Unión Europea (UE) en el 2004.
El tribunal, en fallo unánime de sus miembros, las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Mara Ladán, impuso esa pena por el delito de lesión de confianza al sacerdote salesiano, quien seguirá con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.
La misma pena recayó en el paraguayo Sócrates Garcete, codirector con Rubio del proyecto de potabilización de agua para poblaciones rurales, denominado Ysacá, mientras que Rubén Ramírez Cataldo, de la misma nacionalidad, recibió una condena de cuatro años y seis meses como cómplice de ambos.
Previamente, Rubio, de 61 años, fue declarado culpable por el desvío, en 2004, de unos 14.000 millones de guaraníes (2,3 millones de dólares al cambio de esa época) de un fondo de 3,2 millones de dólares (2,3 millones de euros) financiado por la UE para la construcción de 50 pozos de agua potable en zonas pobres.
La Fiscalía había solicitado diez años de cárcel, la máxima para ese delito, para Rubio y Garcete, y seis años para Ramírez Cataldo, y a esa petición se adhirieron los abogados de la UE, que participó en el proceso como acusación particular.
Una persona muy apreciada en Paraguay
El religioso salesiano, quien ejercía como coordinador del proyecto Ysacá, es una persona muy apreciada en el país, donde reside desde hace 25 años, por la ejecución de obras sociales como la construcción de varios miles de viviendas populares en las afueras de Asunción.
La Fiscalía acusó a los procesados de haber desviado los recursos a través de la Fundación María Gloria, con sede en Panamá, y administrada por Ramírez Cataldo.
Rubio, que seguirá en prisión domiciliaria en la Casa Parroquial de la Orden Salesiana de Asunción, ha insistido todo este tiempo que fue engañado por Ramírez Cataldo, y que cuando fue procesado regresó voluntariamente de España para someterse a la justicia.
En otro proceso, cuyo inicio está previsto para el 2 de octubre próximo, el religioso está acusado de la "sobrefacturación" de 700 millones de guaraníes (unos 137.000 dólares ó 102.200 euros) en la construcción de nueve pozos pilotos construidos en el mismo proyecto financiado por la UE.